En los inicios de los años noventa, donde se vivía una convulsión social existente: acciones subversivas, que se extendían por todo el país, paros armados, huelgas generalizadas, etc.; los grupos de poder integrados en la burguesía (sector intermediario) no lograban conseguir ganancias y no podían acomodar, a su gusto, al país a los intereses del capital extranjero. Es así que, para efectivizar la “reinserción” al sistema financiero mundial, el gobierno no tuvo más que introducir una base legal para lograr sus objetivos. Se crea una nueva constitución que facilitó la entrada de capitales transnacionales y se elabora una campaña de “pacificación militar”, cuya finalidad era desarticular las organizaciones sindicales, los grupos subversivos, para asegurar las inversiones extranjeras y salvaguardar sus intereses de clase.
Durante ese transcurso, se llevó a cabo una serie de operaciones por parte del ejército, en los barrios populares de Lima y ciudades capitales de departamentos; se constituyeron grupos paramilitares denunciados por una serie de asesinatos, torturas y espionaje telefónico desde los emplazamientos del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional); desaparecieron estudiantes universitarios, líderes sindicales, periodistas de oposición, profesores de colegios y universidades, etc. (La controversia a esto y las investigaciones siguen hasta ahora). Hacia 1992, el ejército, con la ayuda de la burguesía y un pequeño grupo del gobierno, situó un régimen autoritario cívico-militar para “reestructurar” el Estado, de acuerdo a los intereses del FMI. El grupo que obtuvo el poder en 1990 tenía un plan para centralizarlo. Su finalidad era llenar las instituciones estatales para asi encubrir una serie de irregularidades que habían previsto hacer en las privatizaciones, la compra de armas y otros.
El ejecutivo, aprovechando la ayuda legislativa que recibió del Congreso, creó un nuevo Sistema de Defensa Nacional: un Comando Unificado de Pacificación, una especie de nueva estructura orgánica de la PNP. Ésta (Sistema de Defensa Nacional) ordenó confiscaciones, requisiciones con el objetivo de levantar un aparato de control social dentro del SIN. Muchos de estos edictos sobrepasaban todo lo estipulado en la constitución de 1979. Y es así como el 05 de abril de 1992 se ejecutaba el autogolpe, disolviéndose el Congreso.
Entonces, se disolvió el Congreso, se centralizaron los gobiernos de los municipios, se institucionalizó la PNP y las FF.AA y se promulgó la Constitución de 1993. A la postre, se destituyeron a miembros del Tribunal Constitucional y se emitieron leyes donde se apoyaba a la reelección presidencial, encubriéndose diversas irregularidades.
Se instituyó un congreso débil y que nunca fiscalizó, se designó a un defensor del pueblo que supuestamente cumplía sus funciones. Todo esto se desarrollaba en diferentes programas elaborados por el gobierno de entonces, con un costo muy alto para los peruanos, cuyos problemas económicos y de educación aún no han sido resueltos.
Con la “reinserción” del Perú al sistema financiero mundial, siguiendo determinados patrones, el gobierno corrobora la condición del país como dependiente del capital extranjero, lo que conllevó al Estado a reducir toda la producción nacional de materia prima, poniendo así al Perú en una grave y aguda pérdida de su autonomía y soberanía nacional. Mientras el ex presidente Alberto Fujimori, con su seudogobierno tenía el control de todo los mecanismos para llevar a cabo toda la política neoliberal del FMI y detentar el poder por unos cuantos años más; pero todo esto a las finales fue un fiasco por la aplicación de políticas antidemocráticas y la corrupción que atacaba y crecía como un cáncer que consumía al Perú.
En eventualidades recientes, en el cuadro del neoliberalismo, se puso de manifiesto la agudización de la crisis económica, desocupación, pobreza, delincuencia y corrupción; éste último se presentaba en altos funcionarios públicos. En el caso del Perú, en los últimos 10 años del siglo XX, se tejió una red de enriquecimiento ilícito que caló hasta las altas esferas del poder mediante ingresos provenientes del narcotráfico, donaciones, bonos, ventas de armas, ingresos por privatizaciones entre otros.
Lo más curioso es que Fujimori, antes de ser elegido presidente, fue denunciado por evasión de impuestos; pero su asesor Vladimiro Montesinos robó los documentos acusatorios para que así la fiscal de la nación exonere de toda culpa a Fujimori. Pasado cierto tiempo, en 1992, la esposa de Fujimori (Susana Higuchi) hacía una grave denuncia de “ropa donada” por Japón, un familiar del gobernante. Posteriormente se suscitaron actos delictivos que obviamente no fueron denunciados debido al poder que ostentaba el Estado, a través del SIN, de entidades gubernamentales y medios de comunicación.
Hubo un escándalo sobre tráfico de armas, aduciendo la captura de una banda internacional que habría entregado 10,000 fusiles de las FARC, pero esto fue desmentido por los ministros de defensa y el exterior de Colombia y por el gobierno jordano. Desde 1991 se montaron 15 empresas supuestas que servían de intermediarias para la venta del tráfico de armas y en donde se gastó aproximadamente 1,500 millones de dólares. Posteriormente fue capturado el narcotraficante peruano Demetrio Chávez, conocido como Vaticano, que durante el juicio que se le seguía, declaró que pagaba cupos o cuotas a Vladimiro Montesinos para ser protegido y así no ser denunciado contra la DEA (Drugs Enforcement Agency); así también acusó a altos oficiales del ejército. Asimismo Montesinos fue denunciado por autoridades brasileñas de haber sido participe en la libre transportación de drogas al ser sobornado con un millón de dólares para que el mercado sea más fácil dentro del país. En 1996 el avión presidencial fue intervenido y se allanó 170 kg de cocaína, siendo capturados oficiales, pero obviamente no fueron denunciados.
Producto de la política neoliberal de privatizaciones de empresas públicas, el Estado recibió algo de millones de dólares, cuyo destino fue desconocido. Según, el ministro de entonces, Carlos Boloña, fueron destinados a la compra de armas, material para la construcción de colegios y gastos sociales, cuyos costos no contrastaron con la realidad.
Luego de haberse descubierto todas las irregularidades cometidas, Montesinos huyó para luego, de un tiempo, seguirle los mismos pasos Alberto Fujimori hacia el 2001, renunciando vía fax y es así como el Congreso los destituyó por “incapacidad moral”. Luego vino un gobierno de transición con Valentín Paniagua.
Durante ese transcurso, se llevó a cabo una serie de operaciones por parte del ejército, en los barrios populares de Lima y ciudades capitales de departamentos; se constituyeron grupos paramilitares denunciados por una serie de asesinatos, torturas y espionaje telefónico desde los emplazamientos del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional); desaparecieron estudiantes universitarios, líderes sindicales, periodistas de oposición, profesores de colegios y universidades, etc. (La controversia a esto y las investigaciones siguen hasta ahora). Hacia 1992, el ejército, con la ayuda de la burguesía y un pequeño grupo del gobierno, situó un régimen autoritario cívico-militar para “reestructurar” el Estado, de acuerdo a los intereses del FMI. El grupo que obtuvo el poder en 1990 tenía un plan para centralizarlo. Su finalidad era llenar las instituciones estatales para asi encubrir una serie de irregularidades que habían previsto hacer en las privatizaciones, la compra de armas y otros.
El ejecutivo, aprovechando la ayuda legislativa que recibió del Congreso, creó un nuevo Sistema de Defensa Nacional: un Comando Unificado de Pacificación, una especie de nueva estructura orgánica de la PNP. Ésta (Sistema de Defensa Nacional) ordenó confiscaciones, requisiciones con el objetivo de levantar un aparato de control social dentro del SIN. Muchos de estos edictos sobrepasaban todo lo estipulado en la constitución de 1979. Y es así como el 05 de abril de 1992 se ejecutaba el autogolpe, disolviéndose el Congreso.
Entonces, se disolvió el Congreso, se centralizaron los gobiernos de los municipios, se institucionalizó la PNP y las FF.AA y se promulgó la Constitución de 1993. A la postre, se destituyeron a miembros del Tribunal Constitucional y se emitieron leyes donde se apoyaba a la reelección presidencial, encubriéndose diversas irregularidades.
Se instituyó un congreso débil y que nunca fiscalizó, se designó a un defensor del pueblo que supuestamente cumplía sus funciones. Todo esto se desarrollaba en diferentes programas elaborados por el gobierno de entonces, con un costo muy alto para los peruanos, cuyos problemas económicos y de educación aún no han sido resueltos.
Con la “reinserción” del Perú al sistema financiero mundial, siguiendo determinados patrones, el gobierno corrobora la condición del país como dependiente del capital extranjero, lo que conllevó al Estado a reducir toda la producción nacional de materia prima, poniendo así al Perú en una grave y aguda pérdida de su autonomía y soberanía nacional. Mientras el ex presidente Alberto Fujimori, con su seudogobierno tenía el control de todo los mecanismos para llevar a cabo toda la política neoliberal del FMI y detentar el poder por unos cuantos años más; pero todo esto a las finales fue un fiasco por la aplicación de políticas antidemocráticas y la corrupción que atacaba y crecía como un cáncer que consumía al Perú.
En eventualidades recientes, en el cuadro del neoliberalismo, se puso de manifiesto la agudización de la crisis económica, desocupación, pobreza, delincuencia y corrupción; éste último se presentaba en altos funcionarios públicos. En el caso del Perú, en los últimos 10 años del siglo XX, se tejió una red de enriquecimiento ilícito que caló hasta las altas esferas del poder mediante ingresos provenientes del narcotráfico, donaciones, bonos, ventas de armas, ingresos por privatizaciones entre otros.
Lo más curioso es que Fujimori, antes de ser elegido presidente, fue denunciado por evasión de impuestos; pero su asesor Vladimiro Montesinos robó los documentos acusatorios para que así la fiscal de la nación exonere de toda culpa a Fujimori. Pasado cierto tiempo, en 1992, la esposa de Fujimori (Susana Higuchi) hacía una grave denuncia de “ropa donada” por Japón, un familiar del gobernante. Posteriormente se suscitaron actos delictivos que obviamente no fueron denunciados debido al poder que ostentaba el Estado, a través del SIN, de entidades gubernamentales y medios de comunicación.
Hubo un escándalo sobre tráfico de armas, aduciendo la captura de una banda internacional que habría entregado 10,000 fusiles de las FARC, pero esto fue desmentido por los ministros de defensa y el exterior de Colombia y por el gobierno jordano. Desde 1991 se montaron 15 empresas supuestas que servían de intermediarias para la venta del tráfico de armas y en donde se gastó aproximadamente 1,500 millones de dólares. Posteriormente fue capturado el narcotraficante peruano Demetrio Chávez, conocido como Vaticano, que durante el juicio que se le seguía, declaró que pagaba cupos o cuotas a Vladimiro Montesinos para ser protegido y así no ser denunciado contra la DEA (Drugs Enforcement Agency); así también acusó a altos oficiales del ejército. Asimismo Montesinos fue denunciado por autoridades brasileñas de haber sido participe en la libre transportación de drogas al ser sobornado con un millón de dólares para que el mercado sea más fácil dentro del país. En 1996 el avión presidencial fue intervenido y se allanó 170 kg de cocaína, siendo capturados oficiales, pero obviamente no fueron denunciados.
Producto de la política neoliberal de privatizaciones de empresas públicas, el Estado recibió algo de millones de dólares, cuyo destino fue desconocido. Según, el ministro de entonces, Carlos Boloña, fueron destinados a la compra de armas, material para la construcción de colegios y gastos sociales, cuyos costos no contrastaron con la realidad.
Luego de haberse descubierto todas las irregularidades cometidas, Montesinos huyó para luego, de un tiempo, seguirle los mismos pasos Alberto Fujimori hacia el 2001, renunciando vía fax y es así como el Congreso los destituyó por “incapacidad moral”. Luego vino un gobierno de transición con Valentín Paniagua.
